Denuncia penal - El contador y jardinero
Una supuesta facturación "triangulada" de un funcionario.
Se presentó una denuncia penal por un esquema que involucraría a un funcionario local, un familiar directo y el cobro de fondos públicos por más de 56 millones de pesos actualizados. La Justicia deberá determinar si se cometió el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
En las últimas horas, la justicia ha sido requerida para investigar la administración de los recursos públicos en Rojas. Se presentó formalmente una denuncia penal que solicita el inicio de una investigación sobre supuestas irregularidades en contrataciones municipales que habrían tenido lugar durante los años 2024 y 2025. El objetivo de la presentación es determinar si existió un uso indebido de los fondos de la comunidad.
El eje de la denuncia: Una posible triangulación.
La presentación judicial describe un mecanismo que se habría diseñado para eludir las incompatibilidades establecidas por ley. Según la información pública disponible, un funcionario del área de Parques y Paseos podría haber realizado trabajos para la comuna que, en lugar de ser facturados a su nombre —lo cual está prohibido—, habrían sido registrados bajo la titularidad de un familiar directo.
Este familiar, que figura como proveedor del Municipio, presentaría una serie de indicadores que la Justicia deberá analizar:
- Se habría inscripto en el rubro de jardinería apenas 6 días antes de emitir su primera factura al municipio.
- Reside fuera de la ciudad de Rojas y se desempeña laboralmente como contador en una empresa privada.
- La mayoría de sus facturas son correlativas, lo que indicaría que el Municipio de Rojas habría sido, en la práctica, su único cliente.
Los involucrados y la figura legal.
La denuncia presentada ante la Fiscalía menciona a:
Roman Bouvier, Intendente de Rojas, quien está casado con Natalia Rossini.
Matias Rossini es funcionario del área de Parques y Paseos, hermano de Natalia Rossini y, por lo tanto, cuñado de Roman Bouvier. Él está casado con Florencia Gabani, quien preside el consejo escolar de Rojas de parte de la UCR.
Ezequiel Gabani, hermano de Florencia Gabani y cuñado de Matias Rossini, quien figura como proveedor municipal y habría facturado servicios que él no realizó.
Desde el punto de vista legal, la normativa prohíbe que un funcionario público se beneficie directa o indirectamente de contrataciones con el Estado en el que se desempeña. De comprobarse la utilización de un tercero para facturar servicios propios, la conducta podría encuadrar en el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Asimismo, podrían configurarse los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública”, en tanto el municipio habría abonado sumas de dinero a quien no prestó efectivamente los servicios, y “falsedad ideológica de instrumento público”, al consignarse datos falsos en facturas y registros oficiales.
Cifras y pruebas en manos de la Justicia.
El análisis de la documentación obtenida del portal oficial de transparencia municipal arroja un monto total facturado de $43.020.300, cifra que, ajustada por inflación a enero de 2026, representaría un valor de $56.575.025.
Para sustentar la presentación, se aportaron capturas del portal de transparencia, órdenes de compra, comprobantes emitidos por el proveedor y constancias de actividad económica. Asimismo, se solicitó que la Fiscalía requiera documentación adicional que se encontraría en poder del Municipio.
El compromiso con la transparencia.
La presentación no establece una condena anticipada, sino que exige que la Justicia investigue para garantizar la transparencia y la igualdad ante la ley. "El dinero del Municipio es dinero de los vecinos", destaca el espíritu de la denuncia, subrayando que, ante la detección de hechos que podrían constituir delitos, existe la obligación legal de dar intervención a las autoridades judiciales para determinar la verdad de lo ocurrido.